En
aquella tarde del 18 de julio de 1936, a través de las radios de cretona
empezaron a llegar las noticias de que, el día anterior, el ejército de África
se había sublevado y de que algunos jefes militares de la península habían
hecho lo propio. Laguna de Duero era un pueblo pequeño, pero muy bien
comunicado y con trabajadores que se habían organizado en el sindicato UGT y
que tenían su Casa del Pueblo. El alcalde
convoca a los vecinos en la Casa del Pueblo para informarles de lo que está
sucediendo en el país y a su llamada acuden unas ciento cincuenta personas.
Todos callan esperando instrucciones.
A
primera hora del día siguiente, se vieron venir unas patrullas armadas
provenientes de Valladolid para tomar Laguna. Venían mandadas por un capitán
del ejército sublevado y, nada más llegar al pueblo, recibieron el apoyo de los
vecinos que apoyaban la sublevación militar. Se dirigieron a la Casa del Pueblo
y la tomaron. A continuación, cortaron la carretera de Madrid y se dedicaron a
capturar y asesinar a los vecinos de laguna que “no pensaban como ellos”. El
odio al hermano, un Caín liberado por las calles laguneras, campó a sus anchas
en aquella tarde del 19 de julio. Fue el momento de saldar viejas rencillas por
riegos, por tierras, por lindes. La política era lo de menos. Que Dios y la
historia juzguen a los que procedieron con tan asesino proceder.
El
dos de enero de 1937 se vio en Valladolid
la causa 1013/36 en la que se juzgó a setenta y cinco personas que habían
acudido a la casa del Pueblo de Laguna; que habían respondido con valentía a la
llamada del alcalde Gerardo Cabañas. Los
acusados tuvieron como “eximente” el que no habían matado a nadie defendiendo
la Casa del Pueblo, pero trece de aquellos hombres murieron
fusilados; 39 fueron condenados a treinta años de prisión y once a quince. Ocho
mujeres fueron condenadas a ocho años y tan sólo cuatro person
as absueltas.
as absueltas.
Me
diréis que este es un caso más de los muchos que, por ambos bandos, se
produjeron en la Guerra Incivil, pero, para mí, es un caso muy especial porque entre los treinta
y nueve condenados a treinta años de cárcel estaba mi abuelo Julio González que
fue llevado a la cárcel de Burgos en la que permaneció hasta 1942 pues en 1941 se le había conmutado la condena
por seis años de cárcel.
No
quiero abrir heridas, tan sólo quiero dejar constancia de que un 18 de julio, ciento
cincuenta vecinos, convocados por su alcalde, se reunieron en la Casa del
Pueblo; de que uno de aquéllos era mi abuelo Julio y de que algunos de aquellos valientes pagaron con su vida.
Que
aquella salvajada no se vuelva a repetir en las tierras de España debería de
ser preocupación de todos.
Amén
No hay comentarios:
Publicar un comentario