Andamos
por estas fechas de resurrección franquista con la Ley de vagos y maleantes y
se la adjudicamos, con poco conocimiento o con mala intención, al ferrolano de
marras. Los que tal dicen no saben que esta ley fue aprobada por el gobierno de
la República en 1933 y ni que su aprobación se llevó a cabo por la totalidad
de partidos que integraban por aquel entonces el Congreso de los Diputados. La redacción del
primer proyecto la presentó el gobierno de Manuel Azaña, pero los socialistas,
con mucha visión de futuro, alegaron que esa ley, en manos de la derecha, podía
ser muy peligrosa. Así es como la ley pasa a ser redactada por el socialista
Jiménez de Asúa, célebre penalista, y por el también miembro del PSOE, Mariano
Ruiz-Funes. A los que se condenaba, se los mandaba a campos de concentración
para proceder a su reeducación. Estos campos estaban en Alcalá de Henares,
Burgos y el Puerto de Santa María. También se abrió otro en la isla de Annobón,
en Guinea Ecuatorial. Franco, en 1954, lo que hace es incluir a los
homosexuales como personas que delinquían en contra de esta ley y así también
siguió siendo en una ley casi gemela, la Ley sobre peligrosidad y
rehabilitación social, que aprobada en 1970, enviaba a la cárcel o a los
manicomios a los homosexuales. Como dato final, deciros que después de la
llegada de la democracia, no se aplicó, pero que su derogación data de 1995 y
que por tanto, continuó vigente hasta ese año que sería el penúltimo de la presidencia
de Felipe González Márquez.
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